domingo, 17 de noviembre de 2013

Chile y su red de espionaje entre el 2009 y el 2010 en el Perú




El 25 de febrero del 2010, medios peruanos recibieron un correo dando a entender que la empresa israelí Global CST, contratada por el gobierno del expresidente Alan García, para entrenar y capacitar al personal del Ministerio de Defensa, estaba involucrada en la masacre de 1,200 personas en Guinea.

Pero, ¿Cuál fue el objetivo del correo?

Según revelaciones de los servicios de inteligencia, a las que ha accedido nuestra Unidad de Investigación, se trata de un email cuyo remitente es el ex oficial de la Marina chilena, Mike Pizarro, nacionalizado estadounidense, pero nacido y de larga performance profesional militar en Chile.

Mike Pizarro fungió como representante de la empresa norteamericana Aguieus Strategic Advisory Services (ASAS), en calidad de director regional, la que por otra vía, regular y formal, había tratado de ser contratada en reemplazo de la empresa israelí.

La punta del hilo de la madeja de esta historia se remonta a mayo del 2009, cuando el gobierno peruano decidió celebrar un contrato por 10 millones de dólares con la empresa israelí Global CST, representada por el general Israel B. Ziv, para entrenar y capacitar personal del Ministerio de Defensa, en particular a las unidades militares encargadas de las operaciones en la zona del VRAE. La firma del contrato estuvo precedida de una campaña negativa de determinados medios de comunicación que objetaron, sin fundamento valedero, la nacionalidad de la empresa contratada.

A pesar, de que el contrato con la empresa Global GST se encontraba finiquitado, apareció hace poco en la escena la firma estadounidense Aguieus Strategic Advisory Services (ASAS), dedicada a la misma especialidad de la Global CST, cuyos directivos acreditaron como su representante a Mike Pizarro y solicitaron una reunión con el titular del sector Defensa, Rafael Rey, para exponerle su oferta, aparentemente más ventajosa que la de su empresa rival.

Como era de esperarse, las autoridades peruanas, al igual como lo hicieron con los representantes de la empresa Global CST, durante las negociaciones que celebraron, procedieron a realizar una investigación de inteligencia y descubrieron que Mike Pizarro, quien hasta ese momento aparecía acreditado como ciudadano estadounidense es un ex oficial de la Marina chilena. Incluso se averiguó que mantenía contactos con autoridades del gobierno chileno.

El titular del sector, Rafael Rey, procedió a manejar la situación con la prudencia y cautela que aconsejaba la situación y en la reunión convocada para escuchar la oferta de ASAS, les hizo saber de partida la imposibilidad de abrir una negociación porque el gobierno ya había celebrado un contrato con la empresa Global CST, que se encontraba aprobado y no había queja alguna por parte de ninguno de los contratantes.

Durante la reunión, Rey, acompañado de los integrantes de la alta dirección de su portafolio, con su interlocutor, que igualmente se hallaba acompañado de subalternos suyos, se realizó en términos corteses. En el curso de la conversación, el titular del sector Defensa les hizo saber que tenía entendido que el representante regional de ASAS era de nacionalidad chilena.

El aludido, como impulsado por un resorte, tomó la palabra y le dijo: “Yo soy Mike Pizarro”, y a continuación confirmó que era nacionalizado estadounidense, pero nacido en Chile, luego de lo cual el encuentro concluyó.

Todo habría quedado allí como una frustrada operación de inteligencia militar chilena de infiltrarse hasta el mismo corazón de las Fuerzas Armadas.

La historia no concluye aquí. Según fuentes de Inteligencia, el remitente del citado email a los medios de comunicación fue nada menos que el propio Mike Pizarro. El escándalo de su participación en esta campaña mediática fue informado inmediatamente a la central de ASAS en los EEUU y esta ha procedido a separarlo de la empresa. En el argot de los servicios de inteligencia existe la frase “Espía quemado se despide, no vale nada”, y esto es lo que habría sucedido.

Lo curioso es que mientras que este hecho pasó a inicios del 2010, a finales del 2009 se reveló que las investigaciones al director de la empresa Bussines Track, el capitán  de Navío en retiro, Elías Ponce Feijóo revelaron  que  Chile planeo poner una central de espionaje en el puerto más importante del Perú. Esta información se halló en el material incautado a Bussiness Track en el proceso judicial que se llevó acabo a sus directivos y empleados por interceptación telefónica.

El diario la Republica sacó a la luz esta reveladora información donde la  inteligencia chilena llamó a esta operación el plan “Tumi” el cual contemplaba instalar equipos de interceptación de comunicaciones apoyándose del propio local diplomático de Chile en el Perú, además de una casa de interceptación ubicada cerca al puerto de Callao dirigida al Centro de comunicaciones de la Marina de Guerra del Perú así como a empresas exportadoras.

Lo penoso, es que en el 2004, el capitán de Navío (r) Elías Ponce Feijóo habría informado al  contralmirante AP Luís Chumbiauca Muñante director de inteligencia de la Marina de Guerra del Perú, en aquel entonces, de las intenciones de espionaje de Chile, pero dicha afirmaciones habrían sido dejadas de lado por que la inteligencia peruana consideraba a Bussines Track como agentes de inteligencia  paralelos, es decir dobles espías.



Esto hay que sumarle el caso del la detención del suboficial de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) Víctor Ariza Mendoza el 12 de noviembre del 2009, acusado de Traición a la Patria y tras confesar haber enviado información secreta del Perú a militares de Chile.


En la actualidad, el espía chileno  Miguel Pizarro Ovalle, es director ejecutivo de la empresa norteamericana Global Guards Force y vive en los Ángeles, EE.UU. 

Lo curioso es que en el 2011, fue  sentenciado por infringir la Ley al reclutar a chilenos para cumplir labores de vigilancia en Irak. En fallo unánime, los magistrados rechazaron el recurso de casación presentado por la defensa del acusado, quien fue condenado a una pena de 61 días de presidio remitido y al pago de 200 UTM ($7.528.000).