La Demanda Marítima no fue un triunfo para el Perú, sino un garrafal error

 

La historia de Perú para con Chile ha sido de una constante singularidad.  Como las mareas, el flujo y reflujo en nuestras relaciones se han sucedido a lo largo de los años, alejándonos y/o acercándonos.

No se necesita una mirada muy  perspicaz para percibir que Chile se ha convertido en la apropiada víctima sobre la cual periódicamente Perú descarga una serie de frustraciones y conflictos internos, debido a la necesidad de contar con un “perfecto enemigo” que permita unificar el sentimiento de su población, ante la falta de una sana autocrítica, de un sistema social integrador o de una renovadora política interna.

Desde la Guerra del Pacífico hasta nuestros días, el Perú ha tenido 4 guerras internacionales; Chile ninguna. Sin embargo, eso no es suficiente para que Perú considere a Chile como un vecino poco confiable y hostil, siempre traicionero y del que hay que recelar. Chile es el “Caín de América” para ellos y así lo difunden cada vez que pueden y en todos los escenarios internacionales posibles. Nuestro país ha sido catalogado de “republiqueta” por el ex Presidente Alan García al que sin embargo nuestro país le ha concedido la condecoración Bernardo O´Higgins, su máxima condecoración. Al mismo mandatario peruano que llevó a Chile a La Haya.

Desde el inicio de la presentación ante el Tribunal de Justicia de La Haya de la demanda en contra de Chile, se ha sostenido que el caso ha sido preparado por Perú para obtener de la nada jurídica alguna prebenda, alguna base sobre el cuál apoyar posteriores demandas. ¿Cuáles serían?, la recuperación de Arica y Tarapacá, provincias a las cuáles nunca han renunciado recuperar, el constante irredentismo peruano.

A partir de agosto del 2014, tres suboficiales de la Marina de Guerra del Perú fueron detenidos acusados de espiar en favor de Chile. Los antecedentes disponibles demostrarían que habrían realizado una devastadora acción que habría afectado profundamente a su institución. Rápidamente el Perú exigió explicaciones formales a Chile y también el compromiso de no volver a espiar al Perú. Debemos reconocer este audaz comportamiento a la hora de exigir una acción soberana de todo Estado, olvidando que su historia en temas de inteligencia y espionaje es bastante prolífica: espionaje interno y externo, muchas de éstas en contra de nuestro país. De hecho y antes de que estallara este escándalo, las noticias señalaban que el gobierno del presidente Ollanta Humala estaba realizando seguimientos  en contra de su vicepresidenta, Marisol Espinoza.

¿Cuál habría sido el motivo para hacer estallar ante la opinión pública el caso del supuesto espionaje chileno sobre la Marina de Guerra? Para responder debemos recordar dos asuntos muy importantes que han estado golpeando  la realidad del Palacio de Gobierno.

El primero dice relación con los muy turbios manejos de dineros ingresados de manera irregular a las arcas del Partido Nacionalista, el que involucra millonarias donaciones desde Venezuela, de mineros informales y desde otras áreas muy poco claras. Algunos manejos involucran al hermano de la primera dama Nadine Heredia. También se han conocido operaciones inmobiliarias que suponen lavado de dinero; negociados de construcción que involucran a estrechos amigos y colaboradores de la pareja presidencial. Humala también ha estado cayendo en el apoyo popular de manera sostenida, algo peligroso para quien quisiera que su legado político continuara más allá del 2016.

Desde este punto de vista todo el tema del espionaje habría sido una cortina de humo para distraer a la población de esos escándalos evitando además la caída en la aceptación popular.

 Sin embargo existe otro elemento que asoma como tanto o más problemático que el primero, y que tiene relación con las exigencias que la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) impuso al Perú como resultado del fallo de la demanda marítima. Este punto es crucial para comprender también todos los acontecimientos que estamos viviendo y que han de constituirse en el eje de un posible a futuro: el Perú deberá modificar su Constitución Política y adherir a la Convención del Mar de las NNUU para cumplir con el fallo de la CIJ.

 Este elemento en apariencia tan simple, es de crucial importancia tanto para la política interna – vistas las próximas elecciones presidenciales del 2016 (cuyo electo presidente habrá de conducir las celebraciones del Bicentenario del Perú) – , ya que permitirá comprender que el resultado de la demanda marítima no fue un triunfo para el Perú, sino que un garrafal error de apreciación político-estratégica de su parte. En efecto, la CIJ no modificó los límites que Chile sostenía como existentes (línea del paralelo); los reconoce como un límite tácito, pero solamente hasta las 80 millas desde la costa.  Obliga también al Perú a modificar su legislación interna adecuándola a los requerimientos de la CONVEMAR, por sobre lo que dice su Constitución, la que iría contra el interés peruano al no respetar su soberanía.

 Peor aún, la CONVEMAR señala en su art. 58 algo que ahonda el problema “…todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, gozan, con sujeción a las disposiciones pertinentes de esta Convención, de las libertades de navegación y sobrevuelo…”. Por lo  tanto Chile podría navegar libremente por esas aguas. Y para muchos peruanos eso sería inaceptable.

A pesar de ello, la reglamentación exigida ha estado lista para su estudio y discusión en el Congreso peruano desde julio del 2014 y se la tenía en la tabla de asuntos para ser discutida durante la primera semana de febrero del 2015, esto aún no ha sucedido. El compromiso que involucra su discusión y aprobación significa un conflicto político interno ya que nadie está dispuesto a  aparecer como traidor ante su propio pueblo, previo a las próximas elecciones. Alan García ya ha anunciado que el acatamiento del fallo debiera ser el resultado de un acuerdo de toda la ciudadanía.

Mientras el gobierno peruano no cumpla con lo exigido por La Haya, Chile perfectamente podría señalar que éste ha sido desconocido por el Perú.

El gobierno peruano vía su Cancillería ha exigido que Chile pida perdón por haber espiado a su Marina de Guerra  Chile exige el cumplimiento del fallo de CIJ en su totalidad. Perú ha optado por retirar a su embajador en Chile hasta que nuestro país no pida perdón y se comprometa a no espiar, exigencia que carece de realidad dentro del contexto internacional y que atropella la soberanía de un país independiente.

Quedamos entonces en un status quo, del cual será bastante difícil salir ya que tenemos una Cancillería que se ha movido con extrema cautela y con líderes políticos que dudan a la hora de hacer respetar los derechos nacionales.

 Artículo de Felipe Núñez - Chile.