Al parecer el Ejército de Chile está
de malas, y es que la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de dicho
país, pedirá explicaciones al Ejército
por el presunto fraude millonario a la Ley Reservada del Cobre, e incluso
propondría la creación de una comisión investigadora que determine las
responsabilidades políticas de este caso que está en manos de la justicia
militar y civil.
Se supo a través de un medio
chileno que el desfalco sería de varios "miles de millones de pesos"
con la presentación de facturas falsas para justificar trabajos no realizados.
Por ejemplo, uno de los involucrados, el cabo Juan Carlos Cruz, gastó $140
millones en el casino Monticello.
De acuerdo al medio electrónico The Clinic, los presuntos fraudes comenzaron en 2010, en el
gobierno de Sebastián Piñera, y se extendieron hasta marzo de 2014, cuando
asumía Michelle Bachelet.
"La irregularidad
correspondía a compras falsas de repuestos para autos militares efectuadas a
través de la empresa Frasim, representada por Francisco Javier Huincahue, un
proveedor habitual de la institución en el rubro 'material de guerra y
repuestos'", señala.
Para llevarlos a cabo, según la
publicación, incluso hubo falsificación de firmas de oficiales, pues las facturas
de la Ley Reservada del Cobre deben cumplir un proceso que parte en el Comando
de Apoyo a la Fuerza (CAF) y termina en la Tesorería, pasando por el
Departamento de Planificación Financiera.
"Mensualmente, además, el
Estado Mayor revisa los saldos que quedan de los decretos supremos que
autorizan los giros de los fondos reservados del cobre. Con esos remanentes se
pagan operaciones como las vinculadas a estas defraudaciones", añade.
Según el vespertino, a junio de este año el fono suma US$4.758 millones.
Siempre según The Clinic on line,
el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, reconoció ante el ex
ministro de Defensa Jorge Burgos que se pagaron cientos de facturas falsas no
reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
La Justicia Militar investiga a
los uniformados presuntamente involucrados y la fiscal Ximena Chong, a los
civiles que tendrían alguna participación en las irregularidades en los fondos
reservados del cobre, que por su condición no pueden ser fiscalizados ni por la
Contraloría General de la República ni el Congreso de Chile.
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