sábado, 21 de enero de 2017

¿Chile es un país perdedor?




Para muchos chilenos,  perder en la Corte Internacional de Justicia ante Perú ha significado un trauma y no es para menos. Pero, ¿Chile es un país perdedor? 


El 21 de abril de 1994, el Tribunal Arbitral, comenzado el gobierno de Eduardo Frei Ruíz-Tagle constituido en Río de Janeiro, dio a conocer el fallo que, por tres votos a favor y dos en contra, le entregaba a Argentina parte importante del territorio de la Laguna del Desierto. 

La noticia cayó como balde de agua fría en Chile, particularmente en la clase política, donde no se esperaba que la resolución fuera tan desfavorable a las aspiraciones chilenas.

Aunque el impacto fue igual de fuerte en todos los sectores, la actuación de la coalición opositora fue la más dura. Mientras en el oficialismo hacían urgentes llamados a enfrentar con unidad el difícil traspié diplomático, desde la vereda opuesta criticaban que el gobierno de Frei hubiera aceptado el fallo con tanta rapidez y exigían que se estudiara su impugnación.






Como una muestra del clima que se vivía en ese país, al día siguiente del anuncio el medio chileno La Tercera tituló: “Tribunal nos quitó Laguna del Desierto”. Y parlamentarios y dirigentes de la entonces oposición apuntaron sus dardos hacía el ex presidente Patricio Aylwin, quien en conjunto con su par argentino Carlos Menem, impulsó que ambos países acudieran a un tribunal arbitral para resolver la disputa por el territorio, tal como se había acordado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984. 

Así, el senador de la época, Beltrán Urenda, afirmó que “el resultado del arbitraje es profundamente lamentable y representaría, quizás, la peor derrota diplomática de Chile, en su historia”.

Incluso, por esos días, el otrora comandante en jefe del Ejército, Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, lamentaba el perjuicio territorial, asegurando a la prensa que “he llorado la pena de perder una tierra”.
Otro de los molestos por lo sucedido fue el senador chileno  Antonio Horvath. Conocedor de la zona, nunca se ha conformado con la pérdida del territorio.

 Sus planteamientos de la época eran que “el error grave como canciller lo cometió (Enrique) Silva Cimma. “Él fue el causante, junto con el Presidente de la época, de entrar en este zapato chino. Nunca en la historia chilena se ha manejado peor un tema fronterizo, como en el gobierno de Patricio Aylwin y, como herencia, en el actual. Uno puede hacer integración con los países vecinos; pero nunca a costa de sacrificar territorio de su soberanía”.

Pero una de las reacciones más duras provino del jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional de la época, el diputado Arturo Longton. El parlamentario no dudó en culpar derechamente a la coalición gobernante de “debilidad” en la defensa de los intereses territoriales de Chile. “Aquí hay una responsabilidad política histórica de un sector que hoy gobierna al país. Esta es una muestra más de la debilidad de los gobiernos de la Concertación en la defensa de nuestro territorio y soberanía”, enfatizó Longton. Y añadía: “Hemos llegado hoy a un fracaso rotundo de la política que ha venido sosteniendo la Cancillería en los últimos años”.

otro senador que criticó l perdida de territorio fue esta vez Hernán Larraín, quién  criticó con dureza al gobierno. No solamente sostenía que el cuestionado fallo “debe ser impugnado”, sino que “el gobierno debe entender que la situación actual es fruto de sus determinaciones, las que han sido llevadas adelante en el ejercicio de sus prerrogativas exclusivas”. E instó a los máximos representantes de los dos gobiernos involucrados a “hacerse cargo” de la responsabilidad política que el fallo implicaba.

La derecha, a través de varios de sus representantes en el Senado, acusó al gobierno de “falta de prudencia” y “precipitación” por someterse al arbitraje que trajo como resultado un fallo adverso para Chile.

 El entonces senador Francisco Prat  no se quedó atrás, señalando que el fallo fue el resultado “de acciones muy desacertadas del gobierno del ex Presidente Patricio Aylwin” y criticó el manejo de la política exterior de Chile en ese periodo. 

Según dijo, “el régimen de Aylwin desarrolló una política exterior buscando la espectacularidad, en una maniobra que pretendía hacer aparecer que el país había estado aislado internacionalmente durante 17 años y que, entonces, con el advenimiento de la democracia ocurría lo contrario”.


Pero si el fallo de tres contra dos a favor de Argentina ya era objeto de críticas y amonestaciones hacia las administraciones que intervinieron, no fue mejor tomado el hecho de que el gobierno anunciara inmediatamente que sería acatado. Esto también fue objeto de fuertes recriminaciones. Algo que contrasta con la actitud que frente a la disputa marítima con Perú ha mostrado el mismo sector, desde donde no dudan en destacar la “tradición” de Chile en cuanto a respetar las resoluciones de los organismos internacionales. 

En este sentido, el entonces  Jovino Novoa, advirtió en el gobierno “una actitud de entreguismo y ésta debe ser revertida con la legítima defensa de nuestros derechos”. 

Incluso se realizó un consejo directivo ampliado extraordinario para estudiar el escenario; mientras que sus socios  efectuaron una comisión política con similar objetivo.

Tras la comisión política, el secretario general de la época Roberto Ossandón, declaró que, a raíz del fallo, “la Concertación ha hecho de Chile un país perdedor” y añadió que “estamos pidiendo explicaciones al gobierno de cómo y cuáles fueron los fundamentos de defensa de los intereses de todos los chilenos y de por qué se obtuvo este pésimo resultado”.

El ex canciller chileno  Hernán Felipe Errázuriz, adoptó una posición similar. Por esos días subrayó que “nos hemos transformado en perdedores en el ámbito internacional, debido a gruesos errores de apreciación, estrategias equivocadas y a la aceptación de foros e instancias perjudiciales para la solución de controversias vecinales”.


Lo que también perdió Chile.
La Guerra del Pacífico (1879-1883),  Chile se enfrentó contra Perú y Bolivia. Sobre esta guerra, la historiografía tradicional chilena cuenta que la victoria sobre Perú y Bolivia tuvo como resultado la expansión territorial y la hegemonía sobre el Pacífico.


 Es la imagen más común que circula hasta hoy en los medios de comunicación chilenos e incluso entre peruanos y bolivianos. En este artículo queremos revisar esta versión de la historia de la Guerra del Pacífico a partir de algunos historiadores chilenos que proponen una lectura alternativa: Chile perdió más territorio del que ganó a Perú y Bolivia al “ceder” la Patagonia a la Argentina por el tratado de límites de 1881.



La historia empieza en 1843. Ese año el presidente de Chile, Manuel Bulnes, envió una misión militar que construyó un fuerte en las proximidades del estrecho de Magallanes. Este era el primer paso del gobierno chileno para ejercer su soberanía efectiva y colonizar la Patagonia. 


Cerca del fuerte se estableció una colonia chilena que se dedicó al comercio con los indios tehuelches, la crianza de ovejas, la explotación de carbón mineral y la caza de lobos de mar. Después de cuatro años de silencio, en 1847, el gobierno argentino de Juan Manuel Rosas reclamó por la instalación del fuerte e invocó derechos sobre la Patagonia. Según Isidoro Vásquez de Acuña, autor de la Breve historia del territorio de Chile (1991), Chile solicitó que ambos países presentaran títulos de dominio sobre la zona en cuestión, pero Argentina difirió esta confrontación porque no contaba con respaldo documental. En realidad, la controversia por la Patagonia recién empezaba.




En 1856, Chile firmó con Argentina un Tratado de paz, amistad, comercio y navegación, el cual significó un avance de los intereses chilenos. En el artículo 33 de este tratado se estableció que ambas partes reconocían como “límites de sus respectivos territorios, los que poseían como tales en tiempo de separarse de la dominación española el año 1810”. 


Asimismo, se señaló que en caso de controversia las partes debían evitar actos violentos y recurrir al arbitraje de una nación amiga. Era casi una victoria chilena, pues el gobierno contaba con cédulas reales, mapas y otros documentos coloniales que avalaban que la Patagonia estaba bajo la jurisdicción de la Capitanía General de Chile en 1810.

Sin embargo, la Argentina nunca abandonó sus pretensiones por la Patagonia, y a partir de 1859 inició un proceso de penetración y colonización creando fuertes militares y pequeñas colonias para ejercer control efectivo de ese territorio.


Dos elementos jugaban a favor de Argentina: su fácil acceso a la Patagonia (los chilenos debían atravesar los Andes o viajar por mar para llegar a ella) y la presión demográfica que, como consecuencia de la política inmigratoria, facilitaba una estrategia de colonización de la Patagonia.


 Por su parte, Chile tuvo una política errática y la población que se expandió desde el fuerte Bulnes (trasladado y refundado luego como Punta Arenas) llegó solo hasta las riberas del río Santa Cruz. La Patagonia era percibida como un territorio desértico y, por su desconocimiento, pobre en recursos naturales.


En las décadas de 1860 y 1870, ambos países trataron de llegar a acuerdos limítrofes sobre la Patagonia, pero al parecer la política argentina consistía en evitar el arbitraje consignado por el Tratado de 1856 y colonizar la Patagonia para dirimir sobre hechos consumados.


 A esto se sumaron los vientos de guerra entre Bolivia y Chile que llevaron a la “alianza secreta” entre Bolivia y Perú. La Argentina fue invitada a adherirse a la alianza y la Cámara de Diputados aprobó el tratado, pero no se llegó a aprobar en la de senadores. Este amago de adhesión será a la larga el principal instrumento para presionar al gobierno chileno por concesiones territoriales.


En 1878, cuando la guerra entre Chile y Bolivia ya era inminente, un incidente casi provoca la guerra entre Argentina y Chile. Aunque la armada chilena era ampliamente superior a la argentina, el conflicto se frenó porque el interés de las elites estaba puesto en los ricos yacimientos de salitre en Atacama.


No obstante, cuando se declaró la guerra y en abril de 1879 las fuerzas militares chilenas se movilizaban hacia Bolivia, el ejército argentino dirigido por el general Julio A. Roca llevó a cabo la “campaña del desierto” ocupando la Patagonia. A este acto le siguió la presión diplomática que concluiría en el Tratado de límites de 1881.







La presión diplomática argentina consistía en amenazar a Chile con ingresar a la guerra a favor de Bolivia y Perú. En abril de 1879, el representante peruano en Buenos Aires, Víctor de la Torre, mantenía conversaciones con el gobierno argentino para que le vendiera armas al Perú (e incluso acerca de su posible ingreso a la guerra). Sin embargo, señala Ezequiel González Madariaga (Nuestras relaciones con Argentina. Una historia deprimente, 1970), Argentina informaba a Chile de las tratativas peruano-argentinas para presionar sobre el diferendo en torno a la Patagonia. 


Así lo afirmaba De la Torre en una carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, José de la Riva-Agüero, con fecha de 26 de abril: “Es indudable, señor Ministro, que la exigencia de notas para la adhesión y para resolver algo sobre el comercio de armas, tiene por objeto amenazar con ellas al Plenipotenciario de Chile, a fin de hacerle ceder de sus pretensiones”.El resultado de esta presión fue la firma del Tratado de límites (23 de julio de 1881), gracias al cual Chile “cedió” la Patagonia, parte de la Tierra del Fuego y parte del estrecho de Magallanes.


Según Ezequiel González Madariaga, el territorio ce-dido significó más de 750 mil kilómetros cuadrados. Isidoro Vásquez de Acuña habla de más de un millón dekilómetros cuadrados. ¿Por qué aceptó Chile entregar la Patagonia? Básicamente porque el interés principal de las elites de ese momento estaba en las salitreras de Antofagasta y Tarapacá. 


El historiador chileno Luis Ortega, autor de “En torno a los orígenes de la guerra del Pacífico” (2006), señala la influencia de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, de capitales británicos y chilenos, sobre el gobierno de Chile.


Anota Ortega que varios de sus accionistas tenían altos cargos políticos: Miguel Saldías (diputado), Alejandro Fierro (ministro de Relaciones Exteriores), Alejandro Puelma (diputado y hombre de confianza del presidente Aníbal Pinto), Antonio Varas (diputado y ministro del Interior), Julio Zegers (ministro de Hacienda), Rafael Sotomayor (ministro de Guerra), Jorge Heneeus (ministro de Justicia). Pero el más destacado fue el diputado Domingo Santa María, nombrado ministro de Relaciones en re-emplazo de Fierro y luego elegido presidente de Chile en las elecciones de 1881.


Es decir, las elites chilenas lograron convertir sus intereses particulares en interés nacional. Si estas elites chilenas habrían tenido intereses económicos en la Patagonia, lo más probable es que nunca hubiesen cedido tan extenso territorio. Los pequeños propietarios que se habían instalado en la Patagonia no tenían el peso político para hacer que el Estado defendiera sus intereses. Así, lo que prevaleció no fue la visión de futuro de las elites chilenas, sino sus fines de corto plazo. 


Por otro lado, si el ejército chileno no habría estado concentrado en la ocupación del Perú, Chile habría podido defender o negociar con mayor ventaja un tratado de límites con Argentina. En ese sentido, el Tratado de 1881 es consecuencia y derivación de la Guerra del Pacífico.


Lo curioso de esto, es que en el siglo XX se descubrieron yacimientos de petróleo y, en las últimas décadas, la explotación del gas. Ironías de la historia: el gas que extraía Argentina de la Patagonia se lo vendía a Chile. En 2005, el gobierno argentino restringió la exportación de gas a Chile, y ante lo inviable de obtenerlo de Bolivia, Chile tuvo que importarlo del Asia. Así, la victoria contundente que infligió Chile al Perú y Bolivia encierra la paradoja de haber perdido más territorio que los obtenidos, así como importantes recursos naturales que las elites no supieron prever.