¿Fernando Olivera también estaría involucrado con Odebrecht?

Mientras que muchos medios peruanos siguen “investigando” sobre el caso de corrupción que afecta tanto a la empresa Odebrecht como a los últimos cuatro expresidentes,  través de las redes sociales ha comenzado a salir un video que afectaría directamente al ex candidato presidencial  Fernando Olivera.

Y es que la edificación de la Interoceánica Sur del Perú ha sido, a partir de un principio, una obra llena de denuncias y asuntos turbios, por esa razón, ha sido cuestionada, en su oportunidad; por ejemplo, el presupuesto original de esta obra se incrementó sin alguna razón, de US$ 800 millones a US$ 2.000 mil millones; 150 % de incremento.

La construcción de esta obra ha sido totalmente irregular, puesto que no pasó por el Sistema Nacional de Inversión Pública, lo peor ha sido que se eligió, por los dos lados (Perú y Brasil), a dedo a las compañías constructoras que se hacen cargo de esta “mega obra”.

Es decir, el 26 de enero de 2006, el expresidente Alejandro Toledo y el expremier Pedro Pablo Kuczynski firmaron la Ley N°28670, para declarar de necesidad pública y de interés nacional la licitación en su gobierno de cinco obras, entre ellas Olmos, IIRSA Sur e IIRSA Norte y la obra de carretera interoceánica, que al final fueron adjudicadas a Odebrecht.

Un día antes de esa fecha, el 25 de enero, la Ley N°28670 fue debatida y aprobada en el receso parlamentario en la comisión permanente del Congreso.

Dicho proyecto de ley fue presentado, el 24 de enero, por el congresista Gilberto Díaz Peralta, vicepresidente del Congreso, miembro de la bancada de Perú Posible e integrante de la mesa directiva.

Es decir, en solo 48 horas se aprobó esa ley que, al final, favoreció a Odebrecht porque llevó adelante las millonarias obras. 

Es más, según en el  video que se ve a Fernando Olivera, él sostiene que para que se desarrolle la mega otra de la carretera de la Interoceánica, él mismo tuvo que persuadir al Contralor de aquel entonces Genaro Matute para que  la Contraloría omita o levante las observaciones realizadas en el contrato suscrito entre el Estado peruano y la empresa brasilera.

Cabe recordar, que en el 2008 la ex la congresista Margarita Sucari, presidenta de la Comisión que investigaba las presuntas irregularidades en la construcción de la Carretera Interoceánica Sur, planteó citar al ex ministro del gobierno anterior, Fernando Olivera, para explicar su aparente participación en este caso.

“El contralor Genaro Matute, durante su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso del pasado 23 de agosto de 2005, dijo en una reunión para tratar sobre la carretera Interoceánica intervino el señor Olivera, cuando se desempeñaba como embajador en España, y no tenía ninguna relación con el caso”, declaró.

Agregó que una prueba de esto es un audio que se difundió en un medio de comunicación en el cual se escucha a Olivera decir a un broadcaster de televisión sobre las supuestas gestiones que realizó para resolver los reparos que existían en torno a esta obra.

Asimismo, la ex parlamentaria solicitó en aquel entonces la presencia del ex jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Pablo Kuczynski, debido a que refrendó junto al ex presidente Alejandro Toledo la Ley Nº 28670, la misma que dio luz verde al trabajo de las obras de la Interoceánica Sur.

En el 2016 y  según el informe de la comisión Lava Jato, presidida por el excongresista Juan Pari,  esa ley Nº 28670 no solo dio luz verde para que el Estado lleve adelante cinco obras sino para que Odebrecht pueda postular a los concursos públicos de dos de ellas pues estaba prohibido de hacerlo por tener un proceso penal abierto (las otras tres obras ya tenían contratos firmados al momento de su promulgación).

Esa ley, añade el informe “resulta cuestionable jurídicamente porque violenta el principio de irretroactividad de la ley, e impide la intervención y fiscalización de la Contraloría General de la República”.

“Se valida no solo los contratos, sino la etapa precontractual de los mismos, a pesar de las observaciones planteadas por la propia Contraloría”, concluye el documento.