Si bien verdad que el
Aeropuerto Jorge Chávez necesita tener una segunda pista de aterrizaje, esta
pista no puede ser realizada bajo el abuso y una escaza transparencia del ministro de Transportes y Comunicaciones
Transportes, José Gallardo Ku.
Es algo inaudito que se quiera reubicar las bases
militares que tiene tanto la Fuerza
Aérea, como el Ejército del Perú cerca del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¿Qué se pretende con aquello?,
¿y en casos de emergencia nacional de cualquier índole?, ¿en dónde serán
reubicadas todas las aeronaves que tienen estas dos entidades militares del
país?.
Según fuentes cercanas al
ministerio de Transporte y Comunicaciones, el ministro José Gallardo Ku junto a
su procurador adjunto del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones Carlos
Alarcón Cancharí habrían usado
sus influencias para que los terrenos que se encuentran alrededor del
Aeropuerto Jorge Chávez sean expropiados a la fuerza y sin pago alguno.
Esto con la finalidad que la empresa norteamericana Lima Airport
Partners salga muy bien beneficio en
todo este embrollo.
Un dato a tener en cuenta, es que
se especula que su procurador adjunto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Carlos Alarcón Cancharí, sería familiar
de la primera dama Nadine Hereda.
También se informó, que el procurador
adjunto Carlos Alarcón Cancharí tendría varias denuncias
bajo los delitos de Violación de Domicilio, Abuso de Autoridad, Falsedad Ideológica,
Falsedad Genérica, contra el Patrimonio de Usurpación, junto a otros
funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Estas denuncias se
encuentran en la Fiscalía Provincial
Especializada del Prevención del Delito del Callao.
Debemos de recordar, que en febrero de 2009, cuando se firmó un
convenio entre la concesionaria LAP y representantes del Estado peruano
(gobierno de Alan García), por el que se ceden temporalmente 7000 metros
cuadrados de terreno en posesión de la Aviación del Ejército del Perú a favor
de LAP, esto se realizó sin una
contraprestación efectiva ni por una compensación económica a favor de la
Institución castrense.
Entonces, se plantea la
renovación del convenio con el Ministerio de Defensa, Ejército del Perú, por 5
años y así se habrían cursado los borradores entre el MINDEF y CORPAC.
Sin embargo, fuentes bien
informadas, nos han comunicado que el MTC, que suscribe el representación del
Estado el contrato de concesión del AIJCH con LAP, a través de su Dirección de
Concesiones, pretendería obligar a CORPAC a entregar, no los 7,000 metros
cuadrados del 2009, sino que ahora serían 15,000 metros cuadrados, perjudicando
aún más a la Aviación del Ejército.
Es más, este diario ha recibido
documentos en las que se le pide al Presidente de la Comisión de Fiscalización
y Contraloría del Congreso de la República, el congresista Gustavo Rondón,
investigar al ministro de Transporte y Comunicaciones por el retardo y escasa
transparencia en el proceso de expropiación de predios para la ampliación del
Aeropuerto Jorge Chávez.
También se le pide investigar a
funcionarios de dicho ministerio por presuntos actos de corrupción en dicho
proceso de expropiación.
Creemos que la construcción de la
segunda pista de nuestro primer terminal aéreo es una necesidad impostergable,
ya que es inaceptable que un aeropuerto como tal, que recibe más de 16 millones
de pasajeros al año, sufra paralizaciones por eventos de contratiempo.
Lamentablemente, a lo largo de
las últimas décadas, el gobierno no ha sabido invertir y mejorar la
infraestructura necesaria para la aviación civil y militar (aeródromos para
aviación general, comercial y militar) y estos son los resultados.
Es indignante saber que por
querer expandirse, LAP haya obligado al el actual ministro de Transportes firme
varias adendas al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la obligación que el Estado
traslade las instalaciones de la Fuerza Aérea, el Ejército peruano, la Policía
Aérea y la Marina de Guerra del Perú un Aeródromo. Como si aquí en Lima y en todo el
territorio nacional existiera Aeródromo como cancha.
Otro punto a tocar sobre este
tema, es que el Gobierno ya habría dado la orden para que el Grupo Aéreo N.- 8, la Unidad de Transporte más grande de la Fuerza
Aérea del Perú sea reubicada en la Base de las Palmas, bajo la Resolución
Ministerial 591 con fecha 31 de Mayo del 2016.
Según el documento, firmado por
el ministro de Defensa Jakke Valakiri, explica que el Sexagésimo Tercera
Disposición Complementaria Final de la Ley d presupuesto del Sector Público
para el año Fiscal 2016, se autoriza al
ministro de Transporte y Comunicaciones, realizar modificaciones
presupuestarias en el nivel institucional, con su cargo a su presupuesto institucional entre otros a favor del Ministerio de Defensa
– Fuerza Aérea del Perú, para realizar estudios de preinversión y ejecutar
obras de infraestructura, mantenimiento, mejora o rehabilitación y
equipamiento, según corresponda de los Aeródromos de Las Palmas en Lima y Teniente
Bergerie en Iquitos con la finalidad de asegurar de asegurar la operatividad de
dichos Aeródromos.
Asimismo, detalla que resulta
necesario disponer que la FAP adopte las acciones necesarias para el traslado
inmediato de sus unidades del Ala Rotatoria que operan en las plataformas del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez a la Base
Aérea Las Palmas.
Se debe tener en cuenta que, la
Comisión de convenios aéreos del Congreso de la República, que presidió el
Congresista Roberto Angulo Álvarez, ha citado varias veces al titular de la
cartera de Transportes, pero éste no asiste. Lo grave en este caso, es que el Estado
le ha entrega a LAP más de un millón de metros cuadrados en terrenos que
podrían ser utilizados previa inversión de la concesionaria para atender las
necesidades de expansión del aeropuerto, sin embargo LAP con la complicidad
sospechosa del MTC no los utiliza.
La interrogante es ¿por qué esta
empresa norteamericana quiere las instalaciones de nuestras Fuerzas Armadas que
constituyen parte de la defensa nacional y la seguridad del Estado?, en el caso
del Ejército existen talleres aeronáuticos con inversiones de más de cien
millones de dólares que se perderían. ¿LAP le pagará al Ejército por lo
invertido?
Según fuentes, con esta decisión
de entregarle a LAP las instalaciones del Grupo Aéreo Nº 8, lo que busca es que la empresa chilena LAN
(LATAM) sea la beneficiaria y así
cerrar la empresa Peruvian AirLines que opera desde esa infraestructura
con 12 aeronaves de nacionalidad y matrícula peruana OB y que tiene ya el 15%
del mercado.
Según entendidos, la decisión del
MTC tiene un solo beneficiario y es LAN que busca de esta forma desalojar del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a
su única competidora en el mercado doméstico y que tiene un crecimiento
sostenido del 1% por mes y que a fines del 2016 tendría ya el 20% del mercado.
Este hecho también implicaría la
virtual desaparición de las líneas aéreas peruanas, porque en el Perú a OSITRAN
se le conoce también como OSILAP es decir todo a favor de LAP y en el MTC, con
estas adendas hipoteca el futuro aerocomercial del Perú a favor de estos
intereses económicos.
Por último, en el sector
transportes no sabemos si por ingenuidad o por qué, la construcción de la
segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tardaría 5 años y ahora
se la están prorrogando hasta el 2021; entonces llegará el 2026 y no habrá
segunda pista en uno de los aeropuertos más caros del mundo en donde el Perú
pierde competitividad en materia de turismo. Mientras, extrañamente, los
titulares de esta cartera firman para beneficiar a LAP y no para beneficiar al
Perú.
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