Mientras que Perú espera una
respuesta satisfactoria por parte de Chile, en los últimos días se comenzó recordar
el antecedente de espionaje que tuvo Chile ante Argentina en la Región
de Punta Arenas en el 2003.
En esa oportunidad, el sargento del Ejército Luis Robles Ricus y
el cabo primero de la Fuerza Aérea Chilena Luis Espinoza Catalán ingresaron al
consulado argentino de Punta Arenas en Chile el día domingo 9 y violaron una
caja fuerte u fotocopiaban los documentos privados, cuando fueron
sorprendidos por el vicecónsul argentino, José Andrés Basbus.
El vicecónsul argentino forcejeo
con uno de los agentes y hizo posible su identificación al arrebatarle su
cedula de identidad, a nombre de Luis Robles Ricus.
Además, se supo que Chile estaba todos
los cables internos confidenciales y secretos. Al huir los dos agentes chilenos
abandonaron una cámara filmadora, una cédula de identidad y un permiso para
portar armas.
Lo curioso de esto, es que tras
el incidente la cancillería chilena acepto que el espionaje fue realizado, pero
sostuvo que se realizo por
“iniciativa personal” de los involucrados y que no había orden superior
.
Pero, si Chile sostiene que fue por “iniciativa personal” de los involucrados. ¿Por
qué se dio de baja al Jefe de la
Región Militar Austral, Waldo Zauritz, al teniente coronel Víctor Hugo Poza
Jefe de Inteligencia y al mayor del Ejercito Rodrigo Acuña?, ¿Por qué los dos
agentes no fueron sancionados?.
Luego que los dos países arreglaran
el impase, se supo que dieciocho meses
después cuatro militares chilenos fueron condenados por un Tribunal Militar a
60 días de cárcel por “incumplimiento de
deberes militares”.
Pero lo curioso de esta condena,
fue que el abogado del militar Víctor
Hugo Poza apelo la sentencia indicando que el hecho fue “una operación especial
de contrainteligencia” en la cual los condenados “actuaron cumpliendo los
deberes de su oficio”. Explicando que
los agentes chilenos consideraron que el Cónsul Argentino en Punta
Arenas era un espía. Lo creían el líder de una red de espionaje que obtenía
datos estratégicos militares.
Se debe resaltar, que Bachelet
era ministra de Defensa de
Chile en aquel año, además que la prensa chilena, señaló que pese a que
La Moneda reconoció que la entonces ministra Bachelet tenía responsabilidad
directa en los hechos, no se decidió con su salida del portafolio.
Por lo que debemos de entender, es
que la actual presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promueve el espionaje
desde que tenía el cargo de ministra de Defensa y que
los actos de espionaje realizados en Perú desde el 2006 no son
casualidades, sobre todo cuando salió a la luz el caso del suboficial FAP
Victor Ariza en el 2009 quién vendió información sensible a Chile sobre los
proyectos y modernizaciones de naves de guerra para el 2021.
Un dato importante que debemos de
tener en cuenta es que Chile jamás procesará a sus agentes porque ellos realizan su
trabajo, cosa que Perú debe tener en cuenta.
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